Mauricio Florez Morris, Ph.D.
Análisis costo-beneficio
El siguiente aparte es tomado del artículo "EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO COMO HERRAMIENTA PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN EVIDENCIAS" de ALFONSO GONZÁLEZ APARICIO. El texto completo se encuentra en:
"ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Una de las principales herramientas de las que disponen los gestores públicos para la toma de decisiones basadas en evidencias es el análisis coste-beneficio (ACB). Este tipo de análisis tuvo sus primeras aplicaciones en el ámbito militar anglosajón durante los años 30 del pasado siglo, pero no fue hasta la década de los 50 cuando se comenzaría a desarrollar una teoría económica rigurosa y consistente para la valoración de los costes y beneficios sociales involucrados en las políticas públicas. En este contexto puede recordarse que países como Estados Unidos han ido adoptando en sus legislaciones la obligación de este tipo de análisis para los principales programas de gasto. La RIA (Regulatory Impact Analysis), aprobada en 1981 durante la Administra ción Reagan, requería que toda iniciativa que supusiera costes presupuestarios superiores a 100 millones de dólares tuviera que ir acompañada de un análisis coste-beneficio previo a su discusión y aprobación. Las administraciones norteamericanas posteriores, como Clinton en 1994 y Obama en 2011, han ido refrendado este compromiso, proporcionando a los senadores una base para los debates de las distintas iniciativas.
El análisis coste-beneficio en el sector público se asemeja en gran medida a la evaluación a priori que en el sector privado se realiza de toda decisión racional de inversión: se tiene en cuenta los costes previstos y su distribución temporal, se hace una estimación de la evolución de ingresos y de ahí resulta una rentabilidad a valor actual de la inversión. Adicionalmente, al igual que para una inversión, la sensibilidad a los factores del resultado final, junto con la probabilidad de que éstos se desvíen de las previsiones realizadas da lugar a un riesgo o incertidumbre del resultado final del análisis.
Pero hay un diferencia fundamental: si bien el análisis coste-beneficio y el análisis financiero de inversiones comparten una estructura similar, el análisis coste-beneficio de políticas públicas incluye, además de los flujos positivos y negativos de tipo financiero directamente involucrados en la implantación de la política pública en cuestión, otros costes y beneficios que dicha política supone para la sociedad y que no tienen porqué traducirse en flujos de ingreso o gasto para los presupuestos públicos.
En este sentido, una decisión pública puede conllevar un resultado financiero negativo y, sin embargo, resultar en un balance positivo una vez que se han incluido los principales efectos sociales de dicha iniciativa; o viceversa: arrojar un resultado financiero positivo y resultar un balance negativo, o incluso catastrófico, desde un punto de vista social. Por ejemplo, la construcción de una línea de ferrocarril de alta velocidad puede arrojar un resultado financiero negativo (o más bien nefasto) cuando se tiene en cuenta todas las inversiones necesarias frente al flujo de ingresos que supondrán la venta de billetes, pero podría tener un resultado positivo cuando se incluyen en el análisis los efectos positivos de desarrollo económico de ciertas zonas, el incremento de ingresos fiscales generados por dicho desarrollo económico, el ahorro energético derivado del cambio modal, etc.
Es muy rara la iniciativa pública que tras su análisis sólo tenga consecuencias positivas, y normalmente se identificarán retornos sociales de signo tanto positivo como negativo. La gran ventaja del ACB es que la monetización de dichos costes y beneficios sociales permite por un lado identificar cuáles son los impactos que pesan más en el balance final y, por otro lado, si se dispone de distintas alternativas poder compararlas, para determinar qué alternativa ofrece una mayor rentabilidad desde el punto de vista del interés general. Por tanto, además de como herramienta de decisión, el ACB permite una asignación eficiente de recursos entre distintas alternativas.
Siguiendo con el ejemplo anterior, se podría comparar el balance coste-beneficio que se obtiene por la construcción de una línea de alta velocidad con la de transporte de mercancías por ferrocarril, estableciendo de esta forma cuál es la inversión que aporta una mayor rentabilidad social por unidad de inversión pública, y priorizando así la cartera de actuaciones sobre una base de evidencia.
Los impactos sociales indirectos de las políticas públicas pueden ser muy numerosos, e incluso virtualmente ilimitados si se tienen en cuenta la cadena de efectos indirectos que se puede llegar a generar. Por tanto, como todo modelo, un ACB implica necesariamente una simplificación del efecto económico real en un grado que vendrá determinado por las herramientas analíticas y los datos disponibles y por la complejidad de los efectos derivados de la política que se quiera analizar.
Una dificultad importante que debe abordar todo ACB es la comparación de efectos que tienen lugar en momentos temporales distintos, para lo cual es necesario fijar una tasa de descuento adecuada a lo que se quiere valorar. Una tasa elevada primará los efectos de corto plazo sobre los de medio y largo plazo. Sin embargo, hay políticas cuyos efectos pueden extenderse mucho en el tiempo y por consiguiente no pueden ser correctamente evaluadas desde un punto de vista cortoplacista. En estos casos, el resultado final del análisis puede depender en gran medida de la tasa de descuento elegida, por lo que ésta debe reflejar correctamente el equilibrio entre la incertidumbre del largo plazo y el peso suficiente de los efectos en las futuras generaciones."
